España cuenta con una asignación de fondos públicos de más de 55.000 millones de euros hasta el 2027. Así lo aseguró en el senado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El presupuesto asignado al sector agrario, agroalimentario y pesquero contribuye a los retos que se puedan presentar a futuro. El objetivo es que las producciones y el empleo rural no se vean afectados y el país siga liderando el mercado.
El ministro Planas manifestó que en los últimos 10 años el sector ha cambiado. A su juicio, se ha convertido en un modelo rentable, moderno y competitivo (según cifras del Censo Agrario 2020). Por lo tanto, la gran inyección de fondos otorgados ofrece mayores oportunidades al sector. También, según los datos mostrados en la fotografía del sector agrario del Instituto Nacional de Estadística refleja el descenso en la mano de obra familiar y un aumento del trabajo independiente.
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En su presentación, Luis Planas recordó que el sector agrario ha sufrido en muy corto tiempo dos hechos históricos inesperados. Tanto la pandemia como la invasión de Rusia a Ucrania afectaron a la economía y a la sociedad. Sin embargo, la cadena alimenticia pudo seguir funcionando adecuadamente en el país. El ministro resaltó el hecho de que la Unión Europea (UE) junto con los estados miembros hizo frente a los acontecimientos con acciones concretas.
Estas estrategias representan un apoyo ante la pérdida de rentabilidad sufrida. De igual forma se han tomado medidas para superar los problemas ocasionados por la sequía. Además de la financiación, Planas asegura que el gobierno cuenta con herramientas para dar la cara con optimismo al futuro de un sector que ha superado la crisis. Un sector que es pilar para el abastecimiento y que ayuda a fijar la población rural.
Planas hizo mención a varias medidas tomadas por el gobierno, entre ellas destacan:
- La modificación de la ley de la cadena alimentaria “para evitar la destrucción de valor a lo largo de la cadena”.
- El aumento del presupuesto del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), sumando 800 millones a los 1.000 millones designados inicialmente. Donde el objetivo principal del PERTE es optimizar la gestión del agua (regadío sostenible) a través de la digitalización.
- Se está trabajando desde ya en el paquete legislativo para aplicar la PAC en 2023. Una PAC que valorará la agricultura familiar y profesional, donde los jóvenes y las mujeres tendrán mayor apoyo para asegurar el relevo generacional en el campo.
- Para hacer frente al cambio climático el presupuesto para la contratación de pólizas de seguros ha aumentado los últimos dos años (de 210 millones a 257,7 millones).
