Los trámites fueron efectuados por AMPELL,  consultora especialista en asesoría aeronáutica de drones. Para ello a las empresas les tomó cinco meses conseguir las autorizaciones. Estos permisos de AESA detallan la categoría determinada para la operatividad de aparatos con un peso superior a los 25 kg. Todo un avance en materia tecnológica agraria que busca la modernización de sus procesos.

Desde hace algún tiempo se ha trabajado en la legislación sobre este tipo de tecnología. La idea es que se unifiquen criterios en los países miembro de la Unión Europea. Es por ello que se requiere de documentos especiales para la implementación de estos equipos que representan la evolución del campo. No contar con estas autorizaciones reglamentarias conduce a sanciones.

Las empresas que usen drones de este tipo sin el documento reglamentario pueden pagar multas que van de los 6 mil a los 600 mil euros. Estas sanciones también se extienden al contrato de personas y empresas. Efectuar estas labores sin la permisología y documentación tiene consecuencias penales y sancionatorias. En resumen, tanto la empresa de drones, como la empresa que lo contrata serán susceptibles a las penalizaciones, reiteró la AESA.

La agencia aérea española  destacó la importancia del impulso en la aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura. A su vez el empleo de drones debe contar con “garantía de profesionalidad y de trabajado legal bien hecho”. Esto contribuirá de forma inmediata a mejorar los cultivos y abaratar costes.

En España, el sector agrícola representa un 9% del Producto Interno Bruto anual. Hoy esta área se considera estratégica, ante sucesos mundiales con la crisis generada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las amenazas de dificultades alimentarias, más los efectos del cambio climático son razones de sobra para enfocarse en el sector. Es por ello que estas acciones afianzan los pasos hasta la llamada Agricultura de precisión”.