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Una resolución publicada en el Boletín del Estado (BOE) el pasado 29 de diciembre fijó «normas» para la autorización de cultivo vitícola en diversas áreas geográficas de España. Por ejemplo, para este 2019, la cuota en zonas delimitadas por la Denominación de Origen Protegida (DOP) «Cava», se planteó en 0,1 hectáreas.

En total, las restricciones a los permisos de siembra de cava se ubican en 377 hectáreas. Los mismos serán asignados bajo estricta revisión de las peticiones hasta que se haya agotado la superficie máxima. Según se ha dicho, cada solicitante tendrá un máximo de cinco hectáreas y debe ser “joven viticultor”, con un buen comportamiento previo. Esto último implica que el agricultor no debe poseer viñedos abandonados o plantaciones ilegales. Tampoco debe haber incumplido compromisos para la concesión.

Planteamientos sobre las autorizaciones de cultivo

Para algunos expertos, esta nueva medida demuestra que se ha cedido a las presiones catalanas, impidiendo el crecimiento de las plantaciones en otras áreas de la geografía española como Requena, donde los agricultores han encontrado una alternativa viable de siembra, incluso ante la crisis de precios que enfrenta la industria vitivinícola.

Begoña García, consejera extremeña, ha precisado que aunque el dictamen amplía los espacios de la Denominación de Origen de Cava, de 57, 4 a 377 hectáreas, aún falta camino por recorrer. Asimismo, ha reiterado que la Junta pidió un estudio científico independiente, que arrojó que la región puede crecer entre 700 y 900 hectáreas de cultivos de uvas especiales para hacer espumosos.

De igual forma, García ha indicado que no existe peligro alguno de devaluación del mercado del Cava. Enfatizó la intención de recurrir administrativamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si las alegaciones  relacionadas con nuevas plantaciones no eran atendidas.

Más visiones

Quienes también han demostrado su descontento ante la medida, son los integrantes de la organización agraria APAG-Asaja. La mayoría ha catalogado la resolución como una burla y un duro golpe al desarrollo del sector en la región. A su juicio, esta iniciativa no es más que una acción para impedir que su espumoso se convierta en una competencia para los productos catalanes. Con ella se frenan las aspiraciones de aumentar las plantaciones para atender al incremento de la demanda.

Aun con las objeciones, la Coordinación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos defendió la iniciativa de limitar la cantidad de hectáreas para nuevas plantaciones o replantaciones de viñedo, pues considera que de esta forma se mantendrá el equilibrio entre la oferta y la demanda. Asimismo, se cuidará la calidad y se marcarán precios justos y estables.

Vale recordar que Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, La Rioja, el País Vasco, Navarra y una explotación de Castilla y León se reparten la superficie para la producción de la DOP Cava. Valencia, Barcelona, Tarragona, Lleida y Badajoz, llevan la batuta en el crecimiento de las plantaciones en los dos últimos años.