En España, el uso de productos fitosanitarios está regulado por la normativa de la Unión Europea (Reglamento 1107/2009). Esta normativa aplica criterios de seguridad sumamente estrictos. Una sustancia se prohíbe cuando los estudios científicos demuestran que sus riesgos para la salud o el entorno superan sus beneficios productivos.
Sin embargo, muchos agricultores se quejan que las prohibiciones de ciertos químicos pone en peligro la productividad del campo. El sector primario ha pedio que se flexibilicen las reglas y tomen en cuenta las consecuencias. El clima, ubicación geográfica, costos, entre otros, son parte de los factores que piden se consideren.
Entre las sustancias retiradas del mercado español en los últimos años debido a su peligrosidad, destacan:
- Clorpirifos y Metil-clorpirifos: Prohibidos desde 2020. Eran los insecticidas más utilizados en cítricos y viñedos, pero se vetaron por sus efectos neurotóxicos, especialmente en el desarrollo cerebral infantil.
- Mancozeb: Un fungicida de amplio espectro cuya autorización no se renovó al ser identificado como tóxico para la reproducción y un posible disruptor endocrino.
- Neonicotinoides (Imidacloprid, Tiametoxam): Restringidos o prohibidos para uso al aire libre por el grave riesgo que suponen para las poblaciones de abejas y otros polinizadores esenciales.
- Clorotalonil: Fungicida retirado por su potencial para contaminar aguas subterráneas y sus indicios de ser carcinógeno.
- Sustancias históricas: Productos como el DDT, Lindano, Endosulfán o Paratión llevan años prohibidos por su alta persistencia ambiental (se acumulan en el organismo durante décadas).
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Razones de las prohibiciones
Las autoridades sanitarias y ambientales (EFSA) basan estas decisiones en tres pilares. El primero es la salud humana. Los productos fitosanitarios prohibidos dejan evidencias de carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, problemas hormonales o daños al sistema nervioso.
El segundo pilar para el veto de productos fitosanitarios en el campo es el impacto ambiental. Estos dan muestras de persistencia en el suelo, bioacumulación en la cadena alimentaria y contaminación de acuíferos. En tercer lugar, está la protección a la biodiversidad. Aplicarlos conduce a una alta mortalidad en especies no objetivo, como aves, peces y fauna útil para el control biológico de plagas.
Consecuencias negativas de la retirada
La eliminación de estas materias activas genera efectos contrapuestos en el sector. Son muchos los beneficios de prescindir de las sustancias químicas nocivas, pero los agricultores enumeran las consecuencias negativas para los productores del campo:
- Aparición de plagas resistentes: Al haber menos variedad de productos, las plagas pueden adaptarse más rápido a las pocas alternativas permitidas.
- Incremento de costes: Los agricultores deben realizar tratamientos más frecuentes con productos más caros o recurrir a métodos manuales costosos.
- Pérdida de competitividad: Desventaja frente a importaciones de países extracomunitarios que aún permiten el uso de estas sustancias baratas y eficaces.
- Posible abandono de cultivos: En casos críticos, como el “Cotonet” en cítricos, la falta de herramientas eficaces puede llevar al abandono de parcelas.
