El clamor de muchos agricultores españoles fue escuchado. Esta semana el Congreso de Diputados pactó con mayoría eliminar la prohibición de la quema de rastrojos de la agricultura. Así lo expresó a la agencia de noticias EfeAgro María del Carmen Martínez, representante de Ciudadanos.
La medida prohibitiva estaba contemplada en la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de la ley de la Política Agraria Común (PAC). Para suprimirla, los parlamentarios introdujeron una enmienda transaccional en el informe de ponencia. La idea es que finalmente se haga la modificación en el apartado que corresponda.
Desde su entrada en vigor el pasado mes de abril, la ley de residuos generó quejas dentro del sector agrícola. Los involucrados señalaban que era engorroso y negativo el hecho de que se prohibiera quemar residuos vegetales. Solo estaba permitido hacerlo con una autorización excepcional casi imposible de conseguir.
Martínez explicó que Ciudadanos y el PdeCat ya estaban trabajando en la enmienda. “Presentamos enmiendas similares a esa norma y acordamos unirlas en una transaccional para eliminar la prohibición de quemas de residuos vegetales y rastrojos y la correspondiente sanción (…) Aunque sean residuos, es un tema que afecta directamente a los agricultores”, expresó la diputada.
La enmienda fue aceptada por la mayoría de los parlamentarios del congreso y sin oposición. La actividad se desarrolló en el marco de la “ponencia de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso sobre el proyecto de ley por la que se regula el sistema de gestión de la nueva PAC, que entrará en vigor en enero de 2023, y otras materias conexas”.
Con la eliminación de la prohibición los trabajadores del campo se beneficiarán. Según Martínez, el impacto ambiental será minúsculo y el agricultor se ahorrará tiempo y dinero. Para la diputada la regla constituía “un sobrecoste sobrevenido e inaceptable para la economía de muchas familias que viven del campo”.
Para ampliar la posición parlamentaria, la diputada Concep Cañadell, del PdeCat, expuso los inconvenientes del veto. “La obligatoriedad de eliminar estos materiales mediante los procesos previstos en la citada ley obligaba a las explotaciones agrarias a costosas inversiones de tratamiento biológico, muy difíciles de afrontar en la actual situación de sequía, encarecimiento de ‘inputs’ y la situación internacional”.