Con la intención de brindar mayor seguridad, apoyo y estabilidad al sector vitivinícola, el Gobierno ha dispuesto que se homologue el “Contrato-tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino”. El documento que servirá para hacer transacciones comerciales ya fue publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los sindicatos del sector ya dieron el visto bueno, pues era una exigencia que estaba rezagada.
Aunque el uso del contrato no es obligatorio, las organizaciones que agrupan a los trabajadores del campo hacen un llamado a los viticultores para el empleo de la herramienta desde ya. Es decir, desde el inicio de la campaña en el mes de agosto. De esta manera, hay mayores garantías para que se respeten los precios y pagos del producto. Al parecer, el contrato también incluirá pronto un análisis con índices de costes y precios.
El estudio sobre las tarifas de las uvas sería elaborado por la Organización Interprofesional del Vino de España (Oive), con el respaldo de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA). Igualmente, se creará una comisión dentro de la Oive que seguirá el proceso y registro de los contratos. La idea es que se vigile el cumplimiento de las estipulaciones del documento. En el portal web de Oive está el contrato. También una guía para su uso y los procedimientos a emprender si hay disputas entre los involucrados.
Viticultor fortalecido
Promocionar el empleo del documento será otra de las acciones que se tomarán dentro de la Oive y la UPA. Consideran que son muchos los beneficios que se obtendrán de esta práctica. Este tipo de contratos de compra-venta se utilizan ampliamente dentro del sector agroalimentario. Por ejemplo, en España están vigentes los contratos homologados de la industria láctea, forraje y cítrica.
Otras ventajas de la publicación, es que quienes se amparen en ella podrán dejar constancia de las transacciones que realizan y las discrepancias que puedan surgir en el proceso, para así tener información destacada sobre esta área operativa. De esta manera el Gobierno y todos los eslabones operativos del vino tendrán un mayor conocimiento sobre el negocio. Además, el vitivultor y los sindicatos serán fortalecidos, según aseguran en la UPA.
Sin pérdidas
Por otro lado, representantes de UPA Castilla-La Mancha señalaron que así como se creó este contrato, esperan la creación de otras normas que acaben con la principal injusticia dentro del sector: la venta a pérdidas. Explican que en España debe elaborarse una ley como la existente en el reglamento de la Unión Europea. Es decir, que “en el caso de que hubiera excesivo margen entre el viticultor y el distribuidor, saltará la alarma y se le castigará al distribuidor por no compensar su margen comercial con el precio que recibe el viticultor”, indicó la sindical agraria.