20 países miembros de la Unión Europea (UE) reclaman una Política Agraria Común (PAC) robusta. A esta demanda se sumó el gobierno de España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) envió una carta a la Comisión Europea (CE) para pedir una PAC “bien dotada y con personalidad jurídica e institucional propia”.
En una nota publicada por la agencia de noticias Efeagro, se informó que el ministro Luis Planas fue quién firmó la misiva para la CE. El titular del MAPA estampó su rúbrica junto a la de sus homólogos de 19 naciones de la UE. Estas son: Austria, Croacia, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Grecia, Irlanda, Letonia, Italia, Lituania, Polonia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y República Checa.
La solicitud está dirigida a Piotr Serafin, comisario de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública. Igualmente, la carta se envió con copia a Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. En ella se destaca que desean una PAC que no esté “separada del resto de políticas comunitarias”. En el documento conjunto de los 20 países resaltaron también que es importante que la Política Agraria Común sea “autónoma, independiente y estratégica”, indicó el MAPA en un comunicado de prensa.
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El documento se entregó a propósito de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) que están previstas a realizarse en julio. Para los firmantes una PAC robusta garantiza “la seguridad alimentaria, un nivel de vida ‘justo’ de la comunidad agraria, el mantenimiento de la cohesión social, la subsistencia del medio rural y la contribución a la sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea”, detalló el portal de noticias.
En la carta los ministros firmantes expresaron que son dos los fundamentos básicos que debe poseer la PAC. El primero son las ayudas directas. Estos subsidios resultan vitales para brindar el apoyo que requieren ganaderos y agricultores, especialmente “en el contexto geopolítico actual”. El segundo pilar son las ayudas orientadas al desarrollo rural. Éstas resultan “imprescindibles para mantener la población en el medio rural, promover las inversiones de modernización e innovación de explotaciones agrarias e infraestructuras rurales o la protección del medioambiente”.
