No todos los diputados coincidieron en los planteamientos y han sido muchas las críticas recibidas. Sin embargo, ya oficialmente se dio luz verde a la aplicación de un Proyecto de Ley que respaldará a los agricultores perturbados por la sequía en España.
El documento recoge varias medidas que apuntan a solventar los daños, además de brindar apoyo al trabajador del campo afectado. Al menos, así lo cree Ascensión Carreño, vocera del Grupo Parlamentario Popular (PP) en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso español, quien ha informado sobre el alcance del nuevo programa.
Rebajas impositivas, tarifas de servicios más accesibles, plazos más largos para los pagos al Seguro Social, adelanto de créditos y mejor distribución del agua figuran en la lista. Un paso que Carreño califica de trascendental, y que va en consonancia con el Real Decreto de Sequía implementado por el Gobierno.
Posiciones en contra sobre la medida
El plan ya se estaba trabajando desde junio, cuando el ejecutivo lo propuso. A pesar de su aprobación en la plenaria, hay quienes opinan que es insuficiente e incluso lo ven como un retroceso.
El congresista del partido Unidos Podemos, Pedro Arrojo, ha sido uno de los que se ha pronunciado en contra. A su juicio no se realizaron cambios significativos a la proposición gubernamental. “Quedó igual”, dijo. Y calificó el texto como “involución”.
Puntualmente ha señalado que seguirá comercializándose libremente el agua, pues no se establecieron diferencias en la explotación vulnerada, y no se previene que se especule el recurso hídrico.
Al respecto, Juan Vicente Pérez Aras del PP, ha dicho que se fijaron sistemas que flexibilizan las contrataciones para el suministro del vital líquido. También ha informado que se creará un “fondo público del agua”, y que a partir de este momento los diputados tendrán más injerencia sobre el tema.
Beneficios del Proyecto de Ley
Empresarios y autónomos tendrán una prórroga para cancelar los bonos de la Seguridad Social, situación que con las pérdidas ocurridas en 2017 significa un apoyo sustancial. Igualmente, se crearán mecanismos para que la Política Agrícola Común les adelante hasta 70% de lo acordado en ayudas.
Como una “batalla ganada”, aunque insuficiente, vio el diputado del PSOE, José Juan Díaz Trillo, que se redujera la peonada de 35 a 20 para la obtención de los subsidios agrarios durante el paro o por rentas. Lo ideal para Díaz era su eliminación.
Ascensión Carreño reiteró que el Gobierno ya ha invertido 83 millones de euros en resolver los padecimientos del sector por la falta de agua. Negó que el PP no haya mejorado el proyecto inicial, pues se adicionaron 22 enmiendas al texto.
