Tras la falta de acuerdo de los países de la Unión Europea sobre la extensión de la licencia del glifosato, los debates y presiones continúan. Este lunes 27 se llevará a cabo la segunda vuelta de votación para decidir si se extiende o no el permiso de venta de este herbicida por cinco años más. Mientras ese día llega, los partidarios y detractores de esta propuesta, sacan a la luz sus planteamientos sobre el impacto de este producto sobre la salud, el cultivo y el ecosistema en general.
El más reciente encuentro se efectuó el pasado 20 de noviembre en el Parlamento Europeo, con la presencia de una comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria, y un grupo de representantes de la Industria y la Agricultura. La petición de los oponentes fue contundente: “poner fin a la era del glifosato”.
Hasta ahora no hay indicios que permitan dilucidar cuáles podrían ser los resultados de los próximos comicios, pero lo que sí ha quedado claro, es que la concesión para la comercialización de este químico vence el 15 de diciembre. A partir de esa fecha, se darán 18 meses de prórroga para desechar las reservas de glifosato de los campos, cultivos y afines.
También se ha dado a conocer, que de no llegar a una mayoría cualificada, el caso deberá llegar a instancias de un comité de apelación, para que sea la Comisión Europea quien ponga cierre a este conflicto. Ante esta situación, el clamor de la formación parlamentaria es que se “escuche la voz de la ciudadanía y del Parlamento Europeo”.
Las dos caras del conflicto
Aunque la empresa fabricante Monsanto, ha asegurado que la seguridad del glifosato cuenta con la aprobación de autoridades científicas europeas y de otras naciones como Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda, diversas organizaciones ecologistas lo catalogan como un tóxico para el agua, el suelo y el cultivo. Y aunque han habido instituciones que desestiman su relación con el desarrollo de enfermedades malignas, hay otras como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que lo han considerado como un producto “probablemente cancerígeno”.
La llamada Iniciativa Ciudadana, que ha logrado reunir poco más de un millón de firmas, ha sugerido la aplicación de estrategias que permitan desarrollar una agricultura libre de pesticidas en Europa, pero sobre todo, que se resuelva cualquier conflicto de intereses que pueda estar entorpeciendo las resoluciones políticas sobre sus solicitudes. A su juicio, es inconsistente que sea la propia industria la que elabore los informes sobre la inocuidad del pesticida, algo que desata duda y desconfianza.
En sus denuncias hablan de una falta de transparencia, por obstaculizar la revisión de documentos públicos sobre los alcances del producto, con lo cual se han quebrantado las leyes vinculadas al acceso a la información.
¿Dañino o no para el cultivo?
Las opiniones sobre la repercusión del glifosato son encontradas. Por tratarse de un herbicida de amplio espectro, empleado antes del inicio de la siembra para erradicar las malas hierbas, hay muchos agricultores que avalan su utilidad para sacar adelante el cultivo y obtener una buena cosecha.
Afirman que su aplicación se reserva a olivares, frutos secos, viñedos, cítricos y otros comestibles de gran demanda dentro y fuera de Europa. Además, ratifican que al disminuir las tareas de laboreo de la tierra, presuntamente reduce la emisión de gases y el gasto energético.
En contraposición a esto, los organismos verdes le atribuyen unos supuestos efectos cancerígenos, y lo tildan de ser el responsable de contaminaciones en acuíferos que atentan contra la fertilidad del suelo y la salud de plantas que son el sustento de animales polinizadores, como las abejas.
Ante estos alegatos, sólo resta esperar si habrá consenso en la reunión prevista para este lunes.