La Política Agraria Común (PAC) ha sido, por más de 55 años, una de las partidas económicas más amplias de la Unión Europea (UE). Aunque hoy en día representa sólo el 40% del presupuesto total, en el período 2014-2020 los pagos de la PAC a la UE se ubican en 298.000 millones de euros, de los cuales 37 mil 700 van a España.
Para Bruselas esto significa mucho dinero, mismo que quiere emplear para mejorar o reforzar sus políticas de inmigración, seguridad y empleo. Cuando faltan 12 meses para la presentación de las propuestas para la nueva reforma de la PAC, Bruselas ha abogado por la realización de cambios en la distribución de los fondos, a fin de lograr un reparto más equilibrado de las explotaciones. Y es que actualmente 20% de las siete millones de explotaciones existentes, perciben 80% del capital.
Con la mirada puesta en esos planteamientos, la Comisión Europea ha empezado a trabajar en las enmiendas de cara al futuro, considerando además que los aportes de Reino Unido, que abarcan unos 3.400 millones de euros al año, van mermando. Sus dos principales objetivos van orientados hacia el mantenimiento de los pagos al sector agrario y el reparto equitativo del dinero. Vale decir, que las políticas que logren definirse entrarán en vigor a partir de 2020.
Planteamientos de Bruselas para reformar la PAC
En los estatutos vigentes está establecido que cada nación puede establecer un margen sobre las ayudas que debe percibir cada explotación. La cifra es de 150 mil euros. Sin embargo, en España los entes gubernamentales tomaron la decisión de reducir ese monto en un 5%.
Anteriormente, Bruselas había asomado la posibilidad de fijar un techo de entre 60 mil y 100 mil euros. No obstante, ha dejado atrás esa proposición, para centrarse en la adjudicación de los bienes para favorecer a los más pequeños y a los países del este.
En sus planteamientos se incluye además la creación de fondos para buscar soluciones a los problemas que contribuyen a destruir el medio ambiente, acondicionar las vías agrícolas, invertir en nuevas tecnología, crear más instrumentos de financiación, apoyar a los jóvenes que deseen incursionar en el sector agrario y garantizar puntualmente los cobros a quienes realizan actividades agrarias para su sustento.
Para que esto último ocurra, es preciso describir muy bien a la figura de agricultor activo. En España se llama así a quienes reciben al menos 20% de ingresos por la comercialización de sus productos.