Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta medida busca cumplir con los retos medioambientales de la comunidad. Sin embargo, para la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la Ley de Restauración de la Naturaleza representa “una carga añadida” al sector.
Mediante un comunicado de prensa, Unión de Uniones expresó que la ley evidencia una política que menosprecia la dura situación social y económica que atraviesa el campo. Para el ente significa que no escuchan las protestas, peticiones y reclamaciones que se han hecho en Europa y España. Este nuevo “marco normativo europeo acabará traduciéndose en nuevas cargas para el sector agrario, más restricciones a su competitividad y costes de producción añadidos”.
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La normativa acompasa la política medioambiental de la UE con los pactos de las Naciones Unidas respecto a la biodiversidad. Con la Ley de Restauración de la Naturaleza se pretende una reparación del 20% de los ecosistemas marinos y terrestres para 2050. En esto se incluye a las tierras de cultivos. Entre las medidas destacan eliminar presas y diques, pastoreos menos intensivos, reducción de siega en pastizales y minimizar el empleo de plaguicidas químicos, estiércol y abonos. La alternativa respecto a esto último sería abandonar explotaciones para que estos puedan desarrollar su propia acción natural.
Para los agricultores las políticas manifiestan la desconfianza que hay en la actividad forestal y agraria y el papel que esta juega en el mantenimiento ambiental. Para Unión de Uniones los nuevos requisitos “van a acabar agotando al sector y se contraponen, además, con los cambios en la política agraria que demandan los agricultores y ganaderos para introducir racionalidad en las medidas en un contexto de inseguridad alimentaria y de tensión en las cadenas de suministro de alimentos”.
Ejecutar los planes de restauración supone una inversión de 7 mil millones de euros. Pero, la norma no plantea un cuadro financiero claro y explícito. A juicio de Unión de Uniones los gobiernos pretenden emplear los planes de financiamiento que ya existen. Éstos “ya de por sí están tensionados en relación con los objetivos que preconizan”.
