El Gobierno anunció que evalúa la aplicación de desgravaciones impositivas destinadas a amortiguar los severos sobrecostes operativos del sector primario. Así lo informó en su portal web el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El ente dijo que estudia estas medidas de urgencia ante el encarecimiento global del combustible y de los fertilizantes.
Actualmente, el conflicto bélico internacional en Oriente Próximo mantiene bajo una fuerte presión financiera a las explotaciones agrarias. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mantenido encuentros de trabajo con las principales organizaciones profesionales del campo. Los temas abordados se han centrado en ajustes en los impuestos y prórroga de ayudas.
Durante las mencionadas sesiones informativas, el Ejecutivo se ha comprometido a analizar mecanismos de alivio tributario. Las propuestas técnicas se centran en el diseño de compensaciones específicas para aquellos profesionales acogidos al régimen simplificado. Asimismo, el equipo ministerial estudia modificaciones favorables en la tributación por módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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En paralelo a la vía fiscal, la administración central valora extender las subvenciones directas vigentes. La intención institucional es prolongar la vigencia de estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2026. Con esta ampliación del calendario se busca dar cobertura a los productores durante los meses clave de la siembra invernal.
Consecuencias productivas e incertidumbre
Por su parte, organizaciones del sector agrario exigen celeridad en la publicación de los decretos gubernamentales. Las cooperativas advierten de que la rentabilidad de las próximas cosechas corre un serio peligro. Incluso, ya hay estimaciones alarmantes para el campo.
De acuerdo con datos publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), la adquisición de nutrientes para la tierra ha caído cerca de un 30%. Esta retracción en las compras amenaza con disminuir el rendimiento final de los terrenos de cultivo. La consecuencia directa será el encarecimiento del precio de los alimentos.
A pesar de la disposición al diálogo mostrada por las autoridades estatales, las movilizaciones convocadas por los sindicatos agrarios continúan vigentes. Los representantes sectoriales aseguran que no desactivarán el calendario de protestas en las carreteras. Amenazan con seguir hasta que las medidas fiscales queden recogidas formalmente en el Boletín Oficial del Estado.
