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Mundialmente España es reconocida por sus viñedos, extensiones de terrenos con hermosos cultivos de uvas que-según registros internacionales-son los más grandes del planeta. Específicamente se dice que en el país ibérico hay actualmente unas 950 mil hectáreas productivas.

Ante esta magnitud, no es de extrañar que el sector vitivinícola represente el sustento principal de gran parte de la población española, que sea parte fundamental de la economía de la nación, y que el Gobierno se preocupe por tomar medidas que ayuden a incentivar y mejorar el área.

Recientemente el Consejo de Ministros de la región dio el visto bueno a una disposición promovida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), para hacer obligatoria la inversión financiera al negocio vitivinícola.

Respaldan la inversión para los cultivos vitivínicolas

La acción más reciente para respaldar el trabajo vitivínicola, fue la divulgación de un Real Decreto que ya entró en vigencia, y con el que se apoyará-desde diversos ámbitos-una de las actividades agrícola más importantes de España. En principio se dispondrán para la campaña 2019-2023, de unos mil millones de euros, para adoptar medidas de financiamiento.

Según lo divulgado en la página web de Mapama, la norma aprobada permite solicitar apoyo económico para promocionar el vino español en otras regiones, reestructurar unas 100 mil hectáreas de viñedos (11% de la superficie plantada) e incluso destilar otros productos derivados, además de catapultar la inversión en el sector.

Ya existía un Programa Nacional de Apoyo, el cual termina en octubre de 2018, pero con esta regulación los integrantes de la UE están obligados a elaborar un plan de cooperación para un periodo de cinco años.

Beneficios del decreto

Las ventajas del decreto son significativas. Anualmente el presupuesto a emplear será de 210,3 millones de euros, que se distribuirán en los puntos antes mencionados. La mayor parte estará destinada a la reconversión y reestructuración de los cultivos.

La idea es que haya mejoras en la competitividad de la industria, para reforzar la imagen, el marketing y el posicionamiento en el mercado, tanto interno como externo. Esto haciendo énfasis en la optimización de los ingresos percibidos por la comercialización del producto final en el extranjero. Actualmente, las ganancias por exportación rondan los 2.700 millones de euros.