El campo español atraviesa varias dificultades y una de ellas es las bajas o nulas ganancias. Es por ello que los agricultores de todos los rubros exigen el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria. Explican que las explotaciones agrarias viven una asfixiante falta de rentabilidad provocada por el desplome de los precios en origen frente a costes de producción récord.
Aunque la ley de la Cadena Alimentaria se diseñó específicamente para prohibir la “venta a pérdidas” (es decir, obligar a que los intermediarios paguen al productor un precio que cubra, como mínimo, lo que costó cultivar el alimento), el sector denuncia que la normativa sigue siendo papel mojado en el día a día del campo. Las razones principales que unifican las protestas de todo el sector primario español incluyen:
1-. Costes de producción inasumibles
Los agricultores sufren las consecuencias de la inflación estructural provocada por las tensiones geopolíticas internacionales y las crisis climáticas. Los costes de insumos básicos como los fertilizantes (+75%) y los carburantes (+95%) se han disparado. Por ello, al no poder trasladar este incremento al precio de venta de sus cosechas, cultivar hortalizas, cereales o frutas se ha vuelto económicamente inviable en la mayoría de las regiones.
2-. Generalización de la venta a pérdidas
Según organizaciones del sector, más del 70% de la producción agraria española se comercializa por debajo de sus costes reales. Alimentos de gran consumo nacional como la cebolla, la patata, el tomate de verano, el porcino y los cereales registran de forma habitual cotizaciones en origen que no cubren ni la inversión mínima del agricultor. La situación, los obliga a asumir deudas para poder dar salida a sus cosechas.
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3-. Abuso de poder de la gran distribución
Existe un desequilibrio de poder insalvable entre el pequeño productor independiente y las grandes corporaciones de la industria alimentaria o las cadenas de supermercados. Es decir, al controlar los canales de venta, la gran distribución tiene la capacidad de imponer precios de compra muy bajos. En este sentido, los agricultores denuncian que muchas transacciones se siguen cerrando “a resultas” (entregar la mercancía sin saber cuánto te van a pagar por ella hasta semanas después). Se trata de una práctica ilegal que les deja en total desamparo.
4-. Brecha histórica entre origen y destino
La indignación en el campo se agrava al comprobar la brecha de precios en el mercado. Mientras que las explotaciones agrícolas y ganaderas perciben ingresos mínimos o en pérdidas, los ciudadanos pagan precios máximos históricos en las cajas de los supermercados. El sector denuncia que el margen de beneficio legítimo no se queda en las familias que producen los alimentos, sino que se diluye y se multiplica de forma injustificada en los eslabones intermediarios de la cadena logística.
5-. Ineficacia de los controles actuales
Los sindicatos agrícolas exigen a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) más inspecciones de oficio, voluntad política y sanciones contundentes. Incluso, señalan que denunciar formalmente a un comprador por violar la ley resulta un proceso burocrático complejo que expone al agricultor a represalias comerciales (como que las distribuidoras dejen de comprarle la producción en futuras campañas).
6-. Competencia desleal de terceros países
Esta situación interna colisiona de forma directa con la llegada masiva de importaciones de fuera de la Unión Europea. En este sentido, los productores reclaman que, mientras a ellos se les exigen normativas medioambientales, sanitarias y laborales muy estrictas que encarecen el cultivo, se permite la entrada de productos de terceros países (por acuerdos comerciales o vacíos legales) cultivados con menores costes y con productos químicos prohibidos en Europa. Esta situación, deprime aún más los precios nacionales y rompe las reglas del juego de la competencia justa.
