La Unión Europea (UE) ha propuesto un paquete de ayudas financieras y facilidades normativas para mitigar el fuerte incremento de precios en los fertilizantes. Este aumento ha sido provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y las tensiones geopolíticas vinculadas a Irán. Sin embargo, España considera que estas disposiciones son totalmente insuficientes.
El paquete diseñado por la Comisión Europea contempla la movilización de 540 millones de euros. Esta cantidad combina fondos de la reserva de crisis del sector agrícola para el año 2026 y la recuperación de recursos económicos previos. Igualmente, propone una cofinanciación nacional ampliada.
El bloque autoriza a los Gobiernos nacionales a complementar las partidas europeas con hasta un 200% de fondos estatales. De esta manera, estiman que la asistencia global en todo el territorio podría alcanzar teóricamente los 1.500 millones de euros. Por otro lado, se prevé una flexibilización de la Política Agraria Común.
La UE se plantean modificaciones técnicas en las reglas de la PAC para acelerar y simplificar la entrega de los soportes financieros a los productores. Entre ellas está la suspensión temporal de aranceles. Es decir, Bruselas ha determinado congelar durante doce meses los impuestos de importación para ciertos nutrientes esenciales como el amoníaco y la urea provenientes de terceros países.
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Por qué España las califica de “insuficientes”
El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha expresado un firme rechazo a la fórmula planteada por Bruselas debido a los siguientes factores estructurales:
- Falta de capital fresco europeo. España denuncia que la Unión Europea aporta “cero” euros reales de presupuesto neto adicional. El plan comunitario se limita a redistribuir capital que ya pertenecía al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y que no se había ejecutado.
- Asimetría de la carga económica. Mientras que el Ejecutivo español ya ha destinado 500 millones de euros de sus propias arcas para mitigar la crisis agraria, critica que las instituciones de la UE dependan de que cada nación ponga su dinero en lugar de dar una respuesta comunitaria coordinada.
- Porcentaje de cobertura limitado. El tope de ayuda pública autorizado por la Comisión Europea se sitúa en el 70% de los sobrecostes. España exige que, ante una crisis de esta magnitud, se permita subsidiar la totalidad (el 100%) de los gastos extra asumidos por los agricultores.
- Excesiva burocracia. El Gobierno español cuestiona que las medidas vengan acompañadas de trámites administrativos sumamente enrevesados y lentos. Éstos resultan desproporcionados para el beneficio económico final que percibirán los trabajadores del campo.
