La UE presupuesta casi 186 millones de euros para la promoción de alimentos

Productos agroalimentarios. Una alimentación saludable de la mano con la ecología y la sustentabilidad es el objetivo general. Para ello la Unión Europea (UE) informó que destinará 185,9 millones de euros para promover productos agroalimentarios de los países miembro dentro y fuera de la comunidad para este 2022.

Estar “en línea con las ambiciones del Pacto Verde Europeo”, será la política de las campañas informativas que cofinanciará la UE. Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa, en el que señalan que continuarán con las estrategias “De la granja a la mesa” y los planes dirigidos a la lucha contra el cáncer y al consumo de alimentos orgánicos.

Los financiamientos buscan que la información llegue a todo el mundo. “Estas campañas informarán a los consumidores de la Unión y del resto del mundo sobre la agricultura orgánica, la agricultura sostenible de la Unión y la contribución del sector agroalimentario a la acción climática y la protección del medioambiente”, indica la nota.

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Asociaciones españolas agroalimentarias respaldan Manifiesto por la Agrociencia

 La Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS) impulsa un Manifiesto por la Agrociencia. El documento se elaboró en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Todos los 10 de noviembre se celebra esta fecha que fue proclamada por la Unesco.

Al manifiesto ya se han sumado más de 20 organizaciones españolas relacionadas con el sector agroalimentario. Ganaderos, productores agrícolas, industrias de distribución, insumos, transformación y servicios intersectoriales y sectoriales han manifestado su apoyo. El escrito llama a las administraciones a que impulsen la Agrociencia y a que tomen decisiones con base en la evidencia científica.

Pedro Gallardo, presidente de ALAS,  afirma que el sector se unificado con respecto a la ciencia. “La adhesión de estos representantes del sector pone de manifiesto la unanimidad que existe en torno a la necesidad de que las Administraciones Públicas afronten los retos legislativos de la necesaria transición hacia una agricultura más sostenible sobre la base de las evidencias científicas y los análisis de impacto”, expresa el directivo.

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