Convocan aportes para los afectados por Xylella Fastidiosa en el norte de Alicante

Los trabajadores de los campos valencianos que se han visto afectados por el arrase de la bacteria Xylella Fastidiosa, ya tienen un aliciente. Recientemente la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, se planteó fijar un monto para indemnizar a las víctimas de la plaga vegetal.

La convocatoria se efectuó por 2.350.000 euros, que deberán emplearse para erradicar y controlar la peste, pero también para compensar a los perjudicados del norte de Alicante.

Condiciones para las ayudas en campos valencianos

El capital financiado por el Estado llegará a zonas que ya han sido demarcadas, y donde sólo los cultivos de almendros han sido atacados por la Xylella. Así se estipula en la notificación publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Los interesados tienen 60 días para realizar las solicitudes. El aporte gubernamental se distribuirá según los cultivos, ejemplares y “edad por unidad de superficie”. Estas condiciones se aplicarán a los titulares de las parcelas.

Los proveedores tendrán un valor diferente. Las indemnizaciones quedaron determinadas por la tipología de las plantas. Así que se establecieron especificando plantas madre de cítricos y frutales, “por material certificado de vid y por material de bases de vid”.

Los pasos que administrativamente se deben seguir se detallan en la convocatoria. Quienes deseen  obtener más información, pueden acceder acceder al portal web de la Conselleria (http://www.agroambient.gva.es), escribir al correo electrónico xylella@gva.es o llamar al número telefónico 900 532 000.

Situación actual

Aunque las ayudas ya están procesándose, al parecer la peligrosidad por el paso de la Xylella Fastidiosa no cesa. A mediados de febrero el Gobierno hizo oficial un sexto brote de la plaga en 47 sembradíos de almendros en Alicante.

Actualmente, son 22 las áreas señaladas que enfrentan la llamada “ébola de los olivos y almendros”. Para su eliminación se han seguido los lineamientos dictados por la Unión Europea, ente que también participó en la aprobación de las cuantías para los amparos.

Los dueños de las parcelas contaminadas están obligados a destruir en el sitio las plantas. La acción la pueden ejecutar los funcionarios habilitados para el proceso, o el propietario bajo supervisión oficial. Si no se cumple con lo establecido, se aplicarán sanciones por incurrir en infracciones administrativas.