No es nuevo. Ya desde el año pasado Estados Unidos posó su mirada en los empresarios españoles que comercializan aceitunas negras en su país. Alertó sobre una presunta competitividad desleal y en noviembre impuso el pago de un arancel por 4,47%. Sin embargo, ahora la situación se agudiza.
Al reciente impuesto se suma otro. Un importe de 17,13% que entró en vigencia el 19 de enero y que significa prácticamente un veto a las exportaciones en EE.UU., pues se prevé una caída en las ventas de hasta 80%. Una situación insostenible.
Al menos, así lo señalan representantes de la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa (Asemesa), los cuales aseveran que las acusaciones de dumping son falsas, y que la arremetida del gobierno americano no se justifica, ya que las investigaciones sobre el caso no han concluido.
El Departamento de Comercio de USA puso bajo lupa a tres empresas españolas que tienen gran presencia en su mercado: Ángel Camacho Alimentación (19,73%) Aceitunas Guadalquivir (16,8%) y Agro Sevilla Aceitunas (14,64%). Igualmente, sus sospechas sobre el supuesto ventajismo recaen en las ayudas (para ellos ilegales) que brinda la Política Agraria Común (PAC).
El costo de la aceituna negra se eleva
Mientras se comprueban las denuncias contra los agricultores españoles, los precios de las aceitunas en Norteamérica experimentarán un alza de 22%, lo que coloca al producto del país ibérico en notable desventaja frente al resto de naciones exportadoras, entre ellas Portugal, Turquía, Grecia y Marruecos.
Y lo peor podría estar por venir. En verano podría darse la sentencia definitiva, y de resultar en contra de los españoles, las sanciones podrían incluir la prohibición del producto en Estados Unidos por unos cinco años como mínimo.
Las consecuencias de la medida
Unos 700 millones de euros dejarían de llegar a la industria y poco más de ocho mil trabajadores (dos mil jornaleros y 300 empresas) quedarían a la deriva, estima la Junta de Andalucía. La región más afectada sería la Sierra Sur de Sevilla.
La única esperanza recae sobre la International Trade Commission (ITC), que efectúa una tercera averiguación. De favorecer a los empresarios andaluces, se eliminarían los impuestos que hasta este momento han sido establecidos.
Las expectativas son muchas, pero inevitablemente ya las medidas antidumping están aplicándose, por lo que el empresariado se siente indefenso ante lo que el Gobierno norteamericano llama proteccionismo nacional, un concepto que recientemente Trump pidió intensificar ante el Congreso.
